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Cuando los cambios inquietan (2)

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A este sentir de la gente, a este nuevo concepto de hacer política, se debe la aparición en los

gobiernos comunales de Alcaldes y Alcaldesas con equipos de gobierno que no responden a

directivas partidarias tradicionales aunque si a claros programas de defensa de postulados

populares y que están ejerciendo sus mandatos llevados por la ola de indignación ciudadana que

produjeron años de malversaciones, corrupciones y connivencias, además de las consecuencias de

las políticas de austeridad con los consabidos recortes en las prestaciones sociales, desahucios,

pérdida de empleo y dramática caída del nivel de vida, que la ciudadanía asoció con el salvataje

del sistema bancario y financiero en plena crisis social y económica, en detrimento de la castigada

clase trabajadora y media.

La ciudad de Barcelona eligió como alcaldesa, por mayoría, a Ada Colau, por la Plataforma,

Barcelona en Común, formada por movimientos sociales, vecinales, el apoyo de personalidades de

la cultura y el mundo académico y que se constituyó en partido político con el objetivo de

presentarse a las elecciones municipales de 2015. En la actualidad, confluyen, Izquierda Unida,

Los Verdes, Podemos y otros movimientos ciudadanos.

Ada Colau es una activista social que ganó notoriedad y simpatía entre las clases populares, al

frente del PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) una organización de apoyo directo a los

desahuciados. Creó un movimiento popular anti desahucios que no solo interpuso acciones legales,

sino que salió a la calle, utilizando la táctica de los escudos humanos de resistencia pasiva ante el

desalojo policial por la fuerza, en defensa de las familias que habían quedado sin recursos ante la

avidez de los bancos.

Desde los estamentos del poder y los medios de información, el PAH y sus dirigentes, fueron

objeto de una campaña de hostilidad y desprestigio que no hizo otra cosa que aumentar la

popularidad ciudadana hacia este movimiento y sus postulados.

Este modo novedoso de oposición, terminó dando frutos, en algunos casos, generando en la

población conciencia de lucha y ganando también apoyo de juristas que llevaron el reclamo hasta

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el que dictaminó que: “Las leyes españolas sobre

desahucios no garantizan a los ciudadanos una protección suficiente frente a las cláusulas abusivas

sobre las hipotecas y vulneran las leyes comunitarias.”

Los bancos y el gobierno hicieron caso omiso del dictamen del Tribunal y todavía hoy esas leyes,

condenadas por la propia Unión Europea, siguen en vigencia en España.

Desde que Barcelona en Común, rige los destinos de la Ciudad Condal, ha cambiado mucho el

modo de administrar los recursos del Ayuntamiento y la relación con la ciudadanía por parte del

gobierno comunal.

Se ha dotado de una partida económica en los presupuestos para dar prioridad a las necesidades de

techo a aquellas familias que quedan sin hogar por desahucios bancarios. Por otra parte se está

intentando un acuerdo entre el Ayuntamiento y algunos bancos para que los inmuebles que han

sido restituidos a los bancos por estas causas y que están vacíos (en España se calculan en más de

un millón las propiedades vacías desde que se desató la crisis inmobiliaria) sean puestas en alquiler

como viviendas sociales a precios accesibles con la garantía del Ayuntamiento.

Se ha establecido otra importante partida para atender la situación de emergencia social que

representan las miles de familias a las que las compañías eléctricas y de gas han cortado los

suministros por falta de pago, mientras se instruye una ley (que choca con la jurisdicción del

Estado Central) por la que se establece la ilegalidad de cortar el suministro de un artículo de

primera necesidad.

Se han revisado los pagos de impuestos municipales a grandes consorcios económicos que estaban

exonerados por ocupar inmuebles declarados monumento ( caso de bancos o empresas como Zara,

cuyo principal ha sido reconocido hace poco tiempo como el hombre más rico del mundo) Se han

aumentado los impuestos a los inmuebles de lujo y se han reglamentado los servicios de hoteles y

viviendas con fines turísticos.

Las contrataciones y licitaciones son escrupulosas y transparentes, sin limitaciones que puedan

llevar a situaciones de favoritismo y corrupción como era común en anteriores gobiernos

comunales.

No se han pedido préstamos bancarios y por el contrario se ha reducido en algo la enorme deuda

que dejaron los anteriores gobiernos.

Se han recortado los gastos suntuarios al mínimo.

Las cuentas del Ayuntamiento son públicas y transparentes y todo ciudadano tiene acceso a ellas.

Ningún cargo público de la nueva formación política puede tener un sueldo superior a los tres

salarios mínimos interprofesionales ( el salario mínimo interprofesional está fijado en 600 euros) y

además han renunciado a las prebendas que marca la ley cómo complementos. (coche oficial, pago

por traslado, gastos de internet, jubilaciones o seguros de cualquier índole)

Este código de conducta se establece como sine qua non para todos los cargos públicos de

Podemos en toda España y está en vigencia desde que los primeros 6 diputados accedieron a sus

cargos en la Comunidad Europea.

En la actualidad, sólo un año después, hay cientos de representantes de la nueva opción, ejerciendo

en las Asambleas de las Comunidades y los ayuntamientos con estas condiciones y desde el día 13

de enero de 2016, hay 69 diputados de Podemos en la Cámara de Representantes del Congreso,

que renunciaron a las ventajas que la ley otorga a los cargos públicos.

Por supuesto que no todo son rosas en el camino de la nueva formación política. Para concretar

estos cambios deben tocarse intereses que nunca se habían tocado y estos intereses tienen aliados

muy poderosos en todos los estamentos, por lo que no sólo deben lidiar para poner en orden las

cuentas, también deben luchar contra una red de información interesada en que fracase su gestión.

La prensa, en su casi totalidad, viene ejerciendo una dura campaña en contra que va desde la

desinformación abierta, hasta la ridiculización de cualquier medida o inclusive de cualquier gesto

que realicen los integrantes de las nuevas formaciones.

Todos sabemos cómo se gasta cierta prensa a la hora de proteger los intereses de los poderosos.

Pero en resumen, lo que se está logrando es demostrar que se pueden hacer las cosas de otra

manera si se aplican los conceptos de transparencia y honestidad cuando la política y los políticos

se ponen al servicio del ciudadano y no revés.

Algo muy similar está sucediendo en Madrid, con algunas diferencias en cuanto a la composición

del gobierno comunal, pero con las mismas o parecidas características de formación y auge del

Movimiento que llevó a la Alcaldía a Manuela Carmena, jurista y Juez Emérita.

Militó en filas del Partido Comunista y fue co­fundadora del despacho laboralista dónde se produjo

en en el año 1977, la matanza de Atocha, cuando pistoleros fascistas asesinaron a varios abogados

comunistas que defendían los derechos de los trabajadores.

En 1981 abandonó las filas del PCE dedicándose a su carrera judicial. Como juez luchó contra la

corrupción durante toda su carrera hasta que se jubiló en 2010. Recibió el Premio Nacional de

Derechos Humanos.

Llegó a Alcaldesa de Madrid como cabeza de lista de Ahora Madrid, partido político que se formó,

con Podemos y Ganemos Madrid, con la finalidad de cambiar el gobierno de la capital, que por

más de 20 años estuvo en manos del Partido Popular y donde se generaron tramas de corrupción

notorias, que están en los juzgados conocidas como “la trama Gurtel” y “la Púnica” de las que

algunos de sus miembros están purgando penas de prisión.

A diferencia de Barcelona, dónde la nueva Alcandesa llega con mayoría propia, en Madrid fue

necesario el aporte de los votos del PSOE para lograr mayoría absoluta y desalojar al PP de la

Alcaldía.

Muy similares han sido las medidas que Ahora Madrid ha tomado en la capital de España para

terminar con la corrupción y darle al gobierno comunal credibilidad y el respaldo ciudadano

necesario para profundizar e impulsar los cambios que la gente reclama aún con las dificultades

que conlleva, en especial por la férrea oposición de los afectados por los cambios y sus aliados de

la prensa.

Una historia que se repite en Valencia, Cádiz, Ferrol, Zaragoza y allí dónde la indignación de la

gente ha dicho basta a la indignidad de la vieja política y los viejos políticos.

No se puede por ahora presagiar hasta dónde podrán llegar estos cambios que son, en lo

fundamental, de actitud, de toma de conciencia, más que de postura política, pero lo que si es

seguro es que la sociedad en España está reclamando una renovación de las clases dirigentes y sus

conductas, además de la búsqueda de algo mucho más ambicioso y que nos involucra a todos: una

salida al laberinto del neo liberalismo y su injusta concepción de la sociedad.

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