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Diputados Darío Pérez (FA) y Eduardo Rubio (AP) se suman a la oposición en tema jubilaciones a militares

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Pese a haber sido aprobado en Comisión de Hacienda, el proyecto que grava las jubilaciones más altas de los retirados militares va camino a naufragar en la Cámara de Diputados. El Frente Amplio no alcanzó a reunir los votos necesarios ya que hay un sector (Liga Federal con su diputado Darío Pérez) que considera “inconstitucional” la medida. Por otro lado, de quien se pensaba que sí iba a otorgar el voto 50, el diputado por Asamblea Popular, Eduardo Rubio, tampoco le da el voto al Frente Amplio, y obviamente la oposición menos. Por lo tanto la suma de los diputados Pérez y Rubio, sorprenden a la izquierda al votar con la derecha o sea la oposición.

En noviembre pasado, el proyecto fue aprobado por el Senado con los 16 votos del Frente Amplio. Esta iniciativa junto a la reforma del Servicio de Retiros de las Fuerzas Armadas forma parte de las prioridades en la agenda del Frente Amplio.

Desde el FA, se descarta que el proyecto pueda contar con el apoyo de legisladores de la oposición. El argumento de la inconstitucionalidad es esgrimido desde la oposición y desde los propios uniformados. 

El proyecto del gobierno establece un impuesto a los retirados y pasivos militares que cobren más de $ 55.000 mensuales. Con la reforma del Servicio, el gobierno pretende subir los aportes que deben hacer militares a la Caja del 13% al 15% y fijar un tope de la jubilación de $ 101.108 al día de hoy.

En cuanto a la edad de retiro, el texto de la reforma de la Caja Militar establece que para el retiro voluntario los efectivos deberán contar con 30 años de servicio o 60 años de edad, cuando actualmente pueden retirarse voluntariamente con 20 años de servicio y 38 años de edad. En cuanto al retiro obligatorio, además del requisito de haber cumplido entre 48 y 65 años de edad –dependiendo del grado–, los efectivos deberán haber prestado entre 22 y 25 años de servicios militares efectivos.

El objetivo de este proyecto de ley es reducir en un 10% las transferencias que se hacen desde Rentas Generales al Servicio castrense que en 2016 representaron US$ 484 millones. Aproximadamente el 66% de la recaudación recaerá sobre quienes perciben pasividades mayores a $ 108.000 mensuales, en el caso del proyecto a las jubilaciones más altos.

 

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